A pesar del estancamiento de nuestra economía, el número de empleados estatales, tanto del gobierno central como del general (que incluye las municipalidades), ha crecido a una tasa mayor que el empleo general en la economía chilena. Los funcionarios del gobierno central pasaron de unos 131 mil en 1995 a cerca de 463 mil en 2025 —un aumento de 253%—, mientras los ocupados totales crecieron 73% en el mismo período, de 5,5 a 9,5 millones. Así, la proporción de funcionarios estatales sobre el total de ocupados más que se duplicó, desde 2,4% en 1995 hasta 4,9% en 2025.

La misma brecha aparece en los datos mensuales del INE: desde marzo de 2010 los asalariados del sector privado aumentaron 30%, y los del Estado, 51%. Además, se ha disparado el ausentismo de los trabajadores del sector público con un alza de 28% entre 2010 y 2025. En 2023, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, advertía que eliminar el ausentismo extra en el sector público ahorraría a los chilenos el equivalente de reducir, aproximadamente, 50 mil empleos estatales.

Desde 1998, el Estado cuenta con una herramienta para incrementar la eficiencia de las instituciones públicas llamada Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), cuyo fin es otorgar un incentivo monetario a quienes cumplan ciertos objetivos propuestos. Sin embargo, con el tiempo ha quedado evidenciada la poca rigurosidad de la estructura para obtener ese incentivo. En 2019, por ejemplo, todas las instituciones ancladas al PMG obtuvieron el 100% del pago monetario, siendo que solo 46% de ellas cumplió todas las metas propuestas. Años anteriores son similares.

Ser empleado del Estado es buen negocio para el trabajador, pero no para el resto de los chilenos. Históricamente, el ingreso promedio de un empleado estatal ha sido 40% más alto que el de los privados. Además, al regirse por regulaciones laborales distintas a las de privados y carecer de los incentivos a ser más productivos —ser premiado por eficiencia y no ser premiado por ineficiencia— los empleados estatales cuentan con beneficios y protecciones laborales que dificultan o ralentizan el término de su contrato en caso de ser requerido.

Lo anterior, hace que el Estado chileno destine alrededor de un cuarto de su gasto a pagos de personal. A modo de referencia, el promedio de la OECD solo destina un séptimo de su gasto estatal a esos pagos.