A pesar del estancamiento de nuestra economía, el número de empleados estatales del gobierno central ha crecido a una tasa mayor que el empleo total de la economía chilena. Los funcionarios del gobierno central pasaron de unos 131 mil en 1995 a cerca de 463 mil en 2025, un aumento de 253%. Así, la proporción de funcionarios estatales sobre el total de ocupados más que se duplicó, desde 2,4% en 1995 hasta 4,9% en 2025.
Contar cuántos empleados estatales hay en Chile no es un ejercicio trivial. Para 2025, el INE estima un promedio de casi 1.2 millones asalariados públicos, mientras la DIPRES contabiliza poco menos de 1.1 millones repartidos entre las distintas divisiones del Estado. Buena parte de la diferencia entre ambas mediciones podría explicarse por el eslabón más débil de la estadística: las municipalidades, que concentran cuatro de cada diez funcionarios del Estado. Según la DIPRES, recién a contar de 2025 se comenzó a levantar información directamente desde las corporaciones municipales de salud y educación, lo que obligó a revisar al alza las cifras de personal permanente de las municipalidades entre 2021 y 2024. Pero, ni siquiera las cifras de 2025 quedan libres de dudas ya que, varios municipios declararon solo 1 —e incluso 0— meses de información al gobierno central. Sin embargo, el recién aprobado proyecto de reconstrucción nacional avanza en mejorar este problema, ya que implementaría un mecanismo de transferencia de fondos a los municipios sujeto al reporte efectivo de información al gobierno central.
A pesar de lo anterior, ser empleado del Estado es buen negocio para el trabajador, pero no para el resto de los chilenos. Históricamente, el ingreso promedio de un empleado estatal ha sido alrededor de 40% más alto que el de los privados aunque esa brecha se achica cuando se controla por nivel educacional.
Por último, después de la pandemia, el ausentismo de los trabajadores del sector estatal se ha mantenido en niveles elevados, con un alza de 28% entre 2010 y 2025, lo que se traduce a pasar de 21 a casi 27 días hábiles no trabajados al año. Esto resulta en un costo doble para los ciudadanos chilenos, que costeamos los sueldos de los funcionarios estatales a través de impuestos y recibimos servicios públicos de peor calidad cuando esos funcionarios se ausentan excesivamente de sus trabajos.
