Cuando el Estado de Derecho se debilita, volviéndose cada vez menos capaz de cumplir su función principal —proveer seguridad a las personas frente a la delincuencia—, nacen varias oportunidades de negocio para los criminales. Entre ellas, la extorsión.
Las extorsiones pueden tomar muchas formas, sin embargo, una de las más comunes es la extorsión por amenaza violenta. Este tipo representó más de un cuarto de todos los delitos por extorsión registrados en Chile durante 2023, y consiste en amenazar causar daño físico a una persona, local o su familia si no se recibe algún pago. Así, por ejemplo, locatarios de diferentes negocios son amenazados si es que no pagan lo que les piden. Las microempresas enfrentarían, entonces, violencia y un nuevo impuesto al estar localizadas en barrios controlados por el crimen organizado, debiendo pagar dinero o «vacunas» para no sufrir daños.
Si bien hace tan sólo una década los casos de extorsión registrados eran casi nulos en Chile, en 2022, este tipo de crimen se había multiplicado por diez. Es más, según los datos más recientes informados por la Fiscalía de Chile, entre abril de 2023 y abril de 2024, las extorsiones crecieron casi 90%.
Así, cuando el Estado no maneja el monopolio de la violencia legítima, las oportunidades para el desarrollo del crimen son múltiples. De hecho, a diferencia de los mercados lícitos, donde las empresas podrían verse afectadas negativamente ante la entrada de nuevos competidores, en los mercados ilícitos —específicamente en el mercado de las extorsiones— las bandas criminales pueden beneficiarse de la oportunidad para proveer protección frente a la violencia que otras bandas ejercen en la comunidad. Esa protección, por supuesto, no es gratis, sino que debe adquirirse mediante el pago de dinero. En barrios santiaguinos como Franklin, Patronato y Bellavista, muchos emprendedores deben acostumbrarse a incluir el pago de extorsiones dentro de sus costos fijos, mermando las posibilidades de inversión, creación de empleo, crecimiento económico y, obviamente, seguridad, de sus habitantes.
Si bien en Chile no estamos tan expuestos a las atrocidades del crimen organizado como lo están México, Colombia, Venezuela y otros países de Centroamérica, que tienen larga data de relación con el crimen organizado, la tendencia que vemos en nuestro país es desalentadora. Si el Estado de Derecho chileno continúa debilitándose como lo ha hecho durante los últimos años, es posible que el crimen organizado alcance tal penetración dentro de nuestra sociedad que no podremos diferenciarnos de aquellos países donde el crimen es la norma.
