Un buen sistema de pensiones debe ser juzgado por las tasas de reemplazo que produce y no por el monto de dinero que reciben los pensionados. Las tasas de reemplazo nos indican a cuánto equivale nuestra pensión como porcentaje de los sueldos que recibíamos antes de jubilarnos. Por ello, si una tasa de reemplazo es alta, pero el monto a recibir es bajo en relación con el costo de la vida, el problema no se encuentra en el diseño del sistema de pensiones, sino en la capacidad de nuestra economía para producir sueldos buenos. Y una economía que no crece no produce sueldos buenos.

¿Tiene Chile un buen sistema de pensiones? La evidencia dice que sí, más aún después de aprobada la Pensión Garantizada Universal (PGU). A nivel internacional, nuestro sistema es comparable al de Nueva Zelanda, Canadá y Suiza. Además, de no ser por la demagogia de nuestros políticos que aprobaron tres retiros de fondos previsionales —dejando a muchos sin ahorros, además de una economía debilitada— las tasas de reemplazo de la mayoría de los chilenos estarían por sobre el promedio de 61% de la OCDE incluso si las medimos según la última remuneración obtenida antes de la jubilación, que es la forma más exigente de medición.

Nuestro sistema ha demostrado su capacidad para transformar aportes previsionales en futuras pensiones, pero, aun así, es mejorable. Los chilenos ahorramos poco, nos jubilamos demasiado temprano —sobre todo las mujeres— y vivimos más que otros países. Una buena reforma previsional debería apuntar a mejorar esas aristas sin cambiar los pilares fundamentales que han hecho de nuestro sistema un modelo a seguir en el mundo.

Contrario a lo que muchos activistas políticos y académicos afirman, la tasa de reemplazo de nuestro sistema de pensiones no es baja luego de que el presidente Piñera promulgara la PGU. Además, si bien el sistema puede mejorar su eficiencia y competencia, las falencias son principalmente externas, entre las que se cuentan:

  1. Los chilenos tenemos una tasa de informalidad laboral 2,5 veces más alta que la OCDE. Esto quiere decir que, en la actualidad, alrededor de uno de cada cuatro trabajadores chilenos no realiza contribuciones a su cuenta de ahorro previsional. Así, al momento de jubilar muchos chilenos terminan con fondos insuficientes.
  2. Los chilenos vivimos 10 años más que en 1981, pero seguimos jubilándonos a la misma edad, por lo que nuestros ahorros tienen que estrujarse más durante nuestra vejez. Este problema es aún más grave para las mujeres chilenas, ya que viven más que los hombres y, por ley, deben jubilarse a los 60 años (5 años antes que los hombres). En total, los ahorros previsionales de las mujeres deben rendir, en promedio, 110 meses más que los de los hombres.
  3. Por otro lado, nuestra tasa de ahorro mensual de 10% de nuestro sueldo (12,8% incluyendo seguros y comisiones) está muy por debajo del promedio de 18,2% de la OCDE. Es decir, muchos trabajadores chilenos tenemos un ahorro mensual insuficiente para generar una pensión robusta en el futuro.

Cualquier reforma al sistema de pensiones debería generar incentivos para cotizar, jubilarse más tarde y acercar el nivel de cotización de los chilenos al de la OCDE siempre y cuando ese monto vaya al ahorro individual y no a esquemas de reparto, ya que esa es la mejor forma de aumentar las pensiones en el largo plazo.

A pesar de que las tasas de reemplazo en Chile, luego de aprobada la Pensión Garantizada Universal (PGU), están por sobre estándares y promedios internacionales, una de las razones menos comentadas que explicarían por qué las tasas de reemplazo son todavía bajas para muchas personas —además de lagunas, baja tasa de cotización y mayor expectativa de vida— es que, entre 1995 y 2022, nuestros ingresos han crecido mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese esperado.

Lo anterior significa que nuestras tasas de reemplazo han sido víctimas de nuestro éxito económico, ya que el 10% de nuestros sueldos que ahorrábamos en la década de los 90 es muy poco para reemplazar nuestros sueldos actuales que, en 2022, fueron casi el doble de altos que en 1995.

El gobierno del presidente Boric propone aumentar las pensiones cobrándole a los trabajadores un porcentaje de su sueldo que se repartiría entre los actuales jubilados. Ese esquema es lo que se conoce como un sistema de reparto. El problema con ello es que además de funcionar como un impuesto al empleo formal y además de dejar de lado la oportunidad de invertir la totalidad de los fondos de los trabajadores —generando interés compuesto a través del tiempo—, los sistemas de reparto no son sostenibles en el tiempo por los cambios demográficos.

Los sistemas de reparto requieren de los ingresos de los trabajadores actuales para financiar las pensiones de los jubilados actuales. En el Chile de 1960 había 17 personas trabajando por cada jubilado, pero, debido al envejecimiento de nuestra población, en 2023 solo había 5 trabajadores por jubilado. Las proyecciones de población de la CELAC indican que para el año 2100 solo habrá 1 trabajador por cada jubilado. Es decir, los recursos para financiar pensiones ya han disminuido de forma considerable y serán cada vez menos.

La forma sostenible de ayudar a aumentar las pensiones de quienes más lo necesitan en la actualidad es a través de un gasto público focalizado y financiado a través de impuestos generales, no castigando al empleo formal. La Pensión Garantizada Universal, por ejemplo, logró que las tasas de reemplazo aumentaran con fuerza, sobre todo las de las personas más pobres y las de quienes ahorraron por menos años.

Aún así, la PGU no está libre de riesgos, ya que su financiamiento requiere de muchos recursos. Por eso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que, bajo supuestos de cambio demográfico y ajuste del monto del beneficio en el tiempo, la presión sobre el gasto fiscal elevaría nuestra deuda pública al 70% del PIB en los próximos 30 años. De ahí, nace la importancia de aumentar la focalización de esta política pública y acceder a más recursos fiscales con mejoras a la eficiencia del gasto público.