El 20 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) publicó su Informe Consolidado de Información Circularizada №9, el cual reveló posibles usos fraudulentos de licencias médicas por parte de funcionarios estatales. En particular, la CGR encontró que, entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios estatales o empleados privados financiados con fondos estatales incumplieron su período de reposo al haber viajado fuera del país mientras contaban con una licencia médica vigente a su nombre.
Según la CGR, esos más de 25 mil funcionarios estatales sumaron más de 35.500 licencias médicas en el período, promediando casi 18 días de reposo por licencia. Además, la CGR encontró que parte importante de esas licencias eventualmente fraudulentas estuvieron concentradas en 2 instituciones financiadas con impuestos de todos los chilenos:
1) La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 2.280 casos.
2) La Fundación Integra (red de salas cuna y jardines infantiles) con 1.934 casos.
Si bien los casos eventuales de fraude siguen bajo monitoreo e investigación, ya se puede observar un evidente impacto de la alerta de la CGR en las cifras de licencias médicas electrónicas (LME) emitidas. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2025, el número de LME emitidas fue similar al de años anteriores, sin embargo, durante el segundo trimestre —con la publicación del informe de la CGR en mayo—, la tendencia se revirtió drásticamente, especialmente entre las LME con diagnóstico de trastornos mentales, que es una de las emisiones más comunes.
Según el informe En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público (Centro de Estudios Públicos, 2025), en el mediano plazo, nuestro Estado podría contener, por lo bajo, más de $380 mil millones de pesos al reducir el ausentismo por licencias médicas en el Estado (0,11% del PIB). Pero, el caso de las licencias médicas eventualmente fraudulentas es solo uno de los múltiples ángulos de ineficiencia en el gasto estatal. Quienes pagamos impuestos tenemos el derecho y deber de exigir a nuestros políticos que hagan buen uso de los recursos que todos los chilenos les entregamos diariamente.
