A pesar del estancamiento de nuestra economía, el número de empleados públicos, tanto del gobierno central como del general (que incluye las municipalidades), crece a una tasa mayor que el crecimiento del empleo general en la economía chilena. Además, se ha disparado el ausentismo de los trabajadores del sector público (alza de 30% entre 2021 y 2022). Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, eliminar ausentismo extra ahorraría a los chilenos el equivalente de reducir, aproximadamente, 50 mil empleos públicos.
Desde 1998, el Estado cuenta con una herramienta para incrementar la eficiencia de las instituciones públicas llamada Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), cuyo fin es otorgar un incentivo monetario a quienes cumplan ciertos objetivos propuestos. Sin embargo, con el tiempo ha quedado evidenciada la poca rigurosidad de la estructura para obtener ese incentivo. En 2019, por ejemplo, todas las instituciones ancladas al PMG obtuvieron el 100% del pago monetario, siendo que solo 46% de ellas cumplió todas las metas propuestas. Años anteriores son similares.
Ser empleado del Estado es buen negocio para el trabajador, pero no para el resto de los chilenos. Históricamente, el ingreso promedio de un empleado público ha sido 40% más alto que el de los privados. Además, al regirse por regulaciones laborales distintas a las de privados y carecer de los incentivos a ser más productivos —ser premiado por eficiencia y no ser premiado por ineficiencia— los empleados públicos cuentan con beneficios y protecciones laborales que dificultan o ralentizan el término de su contrato en caso de ser requerido.
Lo anterior hace que el Estado destine más de un cuarto de su gasto a pagos de personal. A modo de referencia, el promedio de la OECD solo destina un quinto de su gasto público a esos pagos.
