A comienzos de la década de 1950, Chile era una de las naciones de América Latina con el flujo neto de inmigrantes más negativo relativo a su población. Es decir, Chile veía más emigrantes que inmigrantes: más personas se iban de las que llegaban al país. Con el tiempo, la diferencia entre emigrantes e inmigrantes se fue reduciendo, hasta revertirse a principios de la década de 1990, cuando la cantidad de personas que llegaba al país era superior a la que se iba. Ese fenómeno podría explicarse porque —contrario a lo que sucedía en 1950 y décadas posteriores— durante los últimos 40 años Chile se hizo más libre y estable relativo a otras naciones de América Latina, aumentando su atractivo para inmigrantes que dejan sus países buscando una mejor calidad de vida.
Sin embargo, en 2017, el flujo de inmigrantes hacia Chile aumentó como nunca antes. De hecho, cerca del 70% de los inmigrantes que actualmente viven en Chile llegaron en 2017 o después. Durante los primeros años del «boom de inmigrantes» que actualmente estamos experimentando en Chile, el porcentaje de extranjeros que se asentaba de forma irregular (i.e. fuera de la ley, sin permiso de residencia) no era tan relevante. Pero, en 2022, la cantidad neta de inmigrantes irregulares creció 221% con respecto a 2021.
Lo anterior, se ve claramente reflejado en los registros de ingresos de extranjeros hacia Chile por pasos no habilitados (ingresos ilegales) que reporta la PDI. Durante años, nuestros políticos han demostrado una falta de interés por actualizar nuestra política migratoria e incrementar el control en las fronteras. Separando los flujos de ingresos de extranjeros por pasos no habilitados según períodos presidenciales, observamos que, si bien existe un aumento importante durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2021), el grueso de esos ingresos ilegales ha ocurrido durante los 3 primeros años del gobierno de Gabriel Boric (2022-2024), que supera la suma de las cifras de los 3 gobiernos anteriores.
