En 2023, el Gobierno Central de Chile gastó más de US$16.000 millones (alrededor de 5% del PIB) en las remuneraciones de los funcionarios estatales a su cargo. Esta cifra es superior a la de muchas otras naciones en el resto del mundo, como Corea del Sur (2,7% del PIB) o Suiza (1,2% del PIB), y es incluso superior a la de varias naciones de América Latina, como Colombia (3,3% del PIB) o Brasil (2,1% del PIB) que, por lo demás, no son naciones cuya burocracia destaque por su eficiencia.
Entre 2010 y 2016 existió una similitud entre las velocidades de creación de empleos estatales y privados, sin embargo, a mediados de 2017 —en los últimos meses del segundo gobierno de Michelle Bachelet— esa similitud se rompió. Así, en los últimos 15 años, los funcionarios estatales crecieron hasta sumar alrededor de 1,2 millones de personas, significando un aumento de más de 50%.
Aun así, la razón por la que el gasto del Estado de Chile en personal es elevado relativo a otras naciones, no se explicaría sólo por el cada vez más abultado número de funcionarios estatales, sino también por sus elevadas remuneraciones. En 2023, el ingreso mensual promedio de un funcionario estatal superaba al de un empleado del sector privado en alrededor de 30%. Además, según un estudio de OCEC UDP (2025), esa brecha de ingresos estatales vs. privados puede dividirse en dos partes: una que ha ido perdiendo relevancia en el tiempo y se explica por las diferentes características de los empleados y empleadores en los sectores estatal y privado (como nivel de educación, experiencia, tamaño de la empresa, entre otros), y otra parte que ha mantenido una relevancia constante y no tendría explicación, por lo que es considerada un simple «premio» que las personas tendrían al trabajar para el Estado.
Según Fuentes y Vergara (2018), una posible explicación del «premio» salarial de los funcionarios estatales es su elevado grado de centralización en la negociación de condiciones laborales (con asociaciones como la ANEF). El equivalente del sector privado sería la tasa de sindicalización, que no supera el 20% y reduciría el poder de negociación agregado de los trabajadores de ese sector relativo al sector estatal.
Cada año, desde 1995 hasta 2024, el gasto del Gobierno Central en personal superó lo aprobado por el Congreso en la Ley de Presupuestos. Además, a menudo, cuando nuestros políticos necesitan recortar el gasto para cumplir con metas fiscales previamente definidas —o para reducir el incumplimiento— lo hacen a través de ajustes a la inversión pública, jamás a través de ajustes al gasto en personal. Este fenómeno se ha ido intensificando en el tiempo. La inversión pública es «la parte buena» del gasto estatal, ya que se usa en bienes y servicios de interés públicos como, por ejemplo, la construcción de hospitales y apoyos a empresas de pequeñas que buscan capital para crecer. De hecho, una inversión pública bien gestionada podría entregar un impulso importante al crecimiento económico —sobre todo en el largo plazo—, mientras que, por el contrario, los incrementos en el gasto en personal tendrían un efecto negativo en el crecimiento de la economía.
